Ponen al descubierto ‘lobby’ de empresas privadas detrás de Ley Arizona
Embajador del Perú en EE.UU., Luis Valdivieso, destacó reportaje de la National Public Radio, según el cual estas empresas que administran prisiones habrían buscado aprobación de norma que criminaliza a inmigrantes
El embajador del Perú en Estados Unidos, Luis Valdivieso, destacó hoy un reportaje periodístico de la National Public Radio (NPR), el cual pone al descubierto que empresas privadas encargadas de administrar las prisiones habrían influido para que se apruebe la Ley Arizona (que criminaliza a los inmigrantes ilegales), y así poder recibir más recursos.
“National Public Radio es una emisora que acaba de sacar un reportaje muy interesante que va a causar un gran revuelo, y se ha descubierto que las compañías que son dueñas de estas cárceles, ha tenido una gran influencia en el diseño de estas leyes que tratan de criminalizar a los inmigrantes ilegales”, declaró Valdivieso a la agencia Andina.
Bajo el título de “Prison Economics Help Drive Arizona Inmigration Law”, (La economía de las prisiones ayudan a dirigir la Ley Arizona) el reportaje de la NPR denuncia como ciertas compañías privadas que administran las cárceles tenían un “nuevo modelo de negocios” para encerrar a los inmigrantes ilegales. Ese plan se convirtió en la Ley Arizona.
MILLONES EN JUEGO
“La ley podría enviar cientos de miles de inmigrantes ilegales a la prisión en una manera nunca antes vista, lo que podría significar cientos de millones de dólares en ganancias para las compañías privadas de cárceles, responsables de mantenerlos en prisión”, señala el reportaje de la NPR en su página web.
Valdivieso contó que el reportaje demuestra como estas compañías entregaron borradores del proyecto de Ley a los senadores de Estados Unidos.
EN VEREMOS
Según informan agencias internacionales, desde hoy la polémica ley será analizada por una corte de apelaciones en California, la misma que deberá deberá fallar sobre si mantiene o levanta el bloqueo de partes clave de la norma impulsada por la gobernadora republicana Jen Brewer.
Esta entró en vigencia el pasado 29 de julio, pero con sus partes más polémicas congeladas por decisión de la jueza Susan Bolton.
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